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CAMBIOS EN EL PARADIGMA DE POLÍTICA DE MEDIOS.
Hacia un nuevo paradigma de políticas de comunicación
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Jan van Cuilenburg y Denis McQuail
ABSTRACT
Este artículo trata sobre los paradigmas de políticas de comunicación y medios. En Estados Unidos y Europa
Occidental, se pueden distinguir tres fases paradigmáticas de políticas de comunicación y medios: el
paradigma que marca la emergencia de políticas de la industria de la comunicación (hasta la 2º Guerra
Mundial), el paradigma de política de servicio público de medios (1945-1980/90); y la fase actual (de 1980/90
en adelante) en la cual se busca un nuevo paradigma de políticas. En la fase I, las políticas de medios y
comunicación se referían, en primer lugar, a las tecnologías emergentes del telégrafo, la telefonía e
inalámbricas. La política de comunicación en esa era se regía, principalmente, por razones de interés estatal y
beneficios financieros corporativos. Luego de la 2da. Guerra Mundial, las políticas de medios estaban
dominadas por un criterio sociopolítico más que por preocupaciones económicas o de estrategias nacionales.
En esta fase paradigmática, que dura hasta 1980/90, notablemente en Europa occidental, el ideal de servicio
público de radiodifusión estaba en su máximo esplendor. De 1980 en adelante, sin embargo, las tendencias
tecnológicas, económicas y sociales fundamentalmente cambian el contexto de las políticas de medios. En
muchos países, los gobiernos optan por políticas que apuntan a destruir los monopolios en medios y
comunicaciones y privatizar tanto como sea posible. Las viejas normativas en políticas de medios se han visto
desafiadas y quienes se encargan de diseñar políticas están buscando un nuevo paradigma en políticas de
comunicación. En este nuevo paradigma, parece haber cambios en el equilibrio de los componentes político,
social y valores económicos que dieron forma a la definición del interés público
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al que los medios y la
comunicación supuestamente sirven. Los autores concluyen bosquejando los principios centrales del nuevo
paradigma de política de comunicación que actualmente parece estar emergiendo.
Palabras Clave: acceso, política de comunicación, diversidad, libertad de comunicación, política de medios.
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Traducción a cargo del equipo conformado por Mariela Baladrón, Ana Bizberge, Marianela Del Giúdice,
Cecilia Fariña, Jorgelina Rojo, Magdalena Restovich, Bernadette Califano y Guillermo Mastrini
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NdT: Remite a la idea de interés general que comporta todo servicio público y no al modo en que
entendemos en Argentina el interés público. El texto de Tremblay, “La noción de servicio público” puede
ayudarnos a comprender de qué se trata este concepto. Él manifiesta que las nociones de servicio público
francés y de "public utilities" norteamericano coinciden en que no sólo la escasez de frecuencias constituye un
argumento de peso para explicar el carácter de servicio público de la radiodifusión, sino que también debe
pensarse en justificaciones sociales y culturales, en la medida en que la colectividad les reconoce un interés
general. Dicha actividad de interés general no puede abandonarse a la iniciativa privada y al puro juego de las
leyes de mercado, y por lo tanto el Estado asume directamente su responsabilidad y su control, sometiéndola,
si fuera necesario, a un régimen jurídico especial. G. Tremblay, "La noción de servicio público", en Telos,
núm. 14, junio, Madrid, 1988.
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La emergencia de la política de medios y comunicación
Los orígenes de las políticas de comunicación descansan en la interacción entre la búsqueda
por realizar los intereses nacionales por parte de los estados y las operaciones de las
empresas comerciales/industriales. Tanto los gobiernos como la industria han buscado
ventajas mutuas por la vía de los privilegios, regulaciones y restricciones. Las políticas en
general se refieren a proyectos (públicos) conscientes para alcanzar alguna meta junto con
los medios propuestos y el cronograma para llevarla a cabo. El contenido específico de las
políticas de gobierno reflejan el trato hecho en un momento y lugar particular y el
equilibrio de poder y ventajas entre el gobierno y la industria. En este nivel de generalidad,
no ha cambiado mucho, a pesar de la transición general durante el Siglo XX hacia formas
de gobierno más democráticas y las crecientes tendencias hacia la globalización. Aún así,
en el campo de la política de medios han existido desarrollos significativos, especialmente
aquellos que reflejan los cambios en las tecnologías de la comunicación y la creciente
importancia de las comunicaciones en las sociedades “post industriales”, que son conocidas
comúnmente como “sociedades de la información”.
Aunque por siglos hubo intervenciones estatales y regulaciones relativas a los transportes y
viajes por propósitos de control, finanzas o razones estratégicas, sería anacrónico hablar de
políticas de comunicación antes de que comenzara la serie de invenciones electrónicas a
mediados del Siglo XIX con el telégrafo eléctrico. En este artículo, nosotros identificamos
tres fases principales de políticas de comunicación. Podemos clasificar estas fases
consecutivas como (I) la fase de políticas de la industria de la comunicación emergente, (II)
la fase de política de servicio público de medios, y (III) la fase de un nuevo paradigma en
políticas de comunicación.
La formación de políticas en este campo, como en otros, está generalmente guiada por la
noción de “interés público”, el cual se espera que sea perseguido por los estados
democráticos en nombre de sus ciudadanos. En general, una cuestión de “interés público”
es aquella que afecta a la sociedad en su conjunto (o a porciones de ella) más que a los
individuos inmediatamente involucrados o directamente afectados. A pesar de las
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tendencias a la liberalización e individualización, características de las sociedades
capitalistas, hay un número creciente de asuntos en los que el desarrollo material da lugar a
mayores preocupaciones y demandas para regular. Estas preocupaciones se relacionan tanto
con amenazas (en campos como salud, medio ambiente, seguridad y bienestar económico)
como también con potenciales beneficios compartidos que pueden esperarse como
resultado de desarrollos económicos, sociales y tecnológicos. Las acciones de los gobiernos
en nombre del “interés público” en materia de comunicación han sido largamente
complicadas por la ambigua relación del Estado con sus ciudadanos en lo que se refiere a la
libertad de comunicación. Históricamente, el Estado ha sido percibido como el principal
enemigo de la libertad de expresión individual, mientras que al mismo tiempo, a través de
constituciones y sistemas legales, también se lo ha visto como el efectivo garante de la
libertad en asuntos importantes.
La inmediata relevancia de estas observaciones reside en la necesidad de subrayar la
dificultad que cualquier “hacedor” de políticas de comunicación tiene para definir el interés
público y, de este modo, en establecer metas para las políticas. También nos recuerda que
cualquier política de comunicación y cualquier regulación que provenga de la política,
probablemente sea estrechamente escrutada y frecuentemente resistida por causa de las
potenciales limitaciones a la libertad de los ciudadanos o sospechada de abrogar poder
comunicativo para el Estado. Estos comentarios introductorios también dirigen la atención
una vez más a la centralidad de la comunicación en sociedades de la información y, por
ende, al poder asociado a los medios de comunicación, sin embargo, difícil de establecer
con precisión. En las sociedades contemporáneas es, cuando menos, ampliamente asumido
que el acceso diferencial a los medios de comunicación o a los beneficios de la
comunicación (información, canales de contacto) están estrechamente vinculados al
ejercicio del poder político y económico. Con el tiempo, los temas de políticas de
comunicación se han vuelto más sensibles desde esta perspectiva, a pesar de la enorme
expansión y proliferación de los medios de comunicación.
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La forma general de las políticas de comunicación
Principales elementos de la política de medios
Los principales elementos o factores de política de medios y política de
telecomunicaciones, dejando a un lado la pregunta por los cambios en el tiempo y las
diferencias de contextos, consisten en: las metas u objetivos que se persiguen; los valores y
criterios a través de los que las metas son definidas o reconocidas; los variados contenidos
y servicios de comunicación a los que las políticas se aplican; la diferente distribución de
los servicios (principalmente publicaciones impresas, cable, diseminación del cable y
radiodifusión y telecomunicaciones); y por último, las medidas políticas apropiadas y los
medios de implementación (centralmente, inclusión en la ley, regulación, auto- regulación o
prácticas del mercado).
La relación entre estos elementos en un determinado ambiente nacional se puede ver en la
Figura 1, que ha sido adaptada de van Cuilenburg y Slaa (1993,1994). Es un modelo de
política formulado por gobiernos más que por las corporaciones de medios, aunque
debemos admitir la creciente tendencia hacia políticas incorporadas en las estrategias de
negocios de las corporaciones. Dado que la influencia de las estrategias de negocios deben
ser representadas en un modelo de política de este tipo, se puede señalar que principalmente
concierne a tres aspectos: la interpretación que se le otorga al bienestar económico
nacional; el equilibrio entre los servicios provistos con fines de lucro privados u otros
propósitos sociales; la propiedad de los sistemas de distribución e infraestructura.
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Interés Público General
El Sistema de Comunicación Social
Figura 1 Elementos de la política nacional de comunicación.
Interés Público
El objetivo general indicado en la cabeza de la figura es el logro del interés público. Éste
está abierto a innumerables interpretaciones, pero es útil clasificar sub-objetivos en relación
a si tienen que ver con el bienestar político, social o económico. Esta división tripartita
también diferencia entre valores y criterios relevantes.
Los valores más importantes asociados con el bienestar político son aquellos que apoyan o
son promovidos por las instituciones políticas democráticas. El valor principal en esta
relación es el de libertad de expresión y publicación. Dependiendo del contexto nacional y
de la relevancia de la cultura política, casi el mismo peso puede ser otorgado a los valores
de igualdad y participación. En esta relación, la igualdad requiere una amplia disponibilidad
pública de acceso a los medios y a los contenidos de la comunicación. El objetivo de la
política de provisión universal está muy vinculado a la igualdad. La participación en la vida
Objetivos
Valores / Criterios
Bienestar Político
Bienestar Social
Bienestar Económico
Democracia,
Libertad de Comunicación
Beneficios Sociales y
Culturales
Innovación, Empleos,
Ganancias / Ingresos
Contenidos y Servicios de Comunicación
Servicio de Distribución
Servicio de Distribución
Noticias e Información Cultura y Entretenimiento Intercambio
Cable y Radiodifusión Publicaciones Telecomunicaciones
Política de Comunicación
Política de Medios
Política de Telecomunicaciones
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cívica además presume accesos adecuados y compartidos a la información, a las ideas y a
los medios para transmitir e intercambiar estos bienes.
En relación al bienestar social, existen más objetivos y estándares divergentes, de acuerdo
al contexto nacional. Pero en cierto modo nosotros encontramos en casi todos los casos un
beneficio fundado en el orden y la cohesión social, calculado no sólo de acuerdo a criterios
nacionales sino también en categorías subnacionales, regionales, étnicas o lingüísticas. No
podemos distinguir fácilmente entre los objetivos de las políticas culturales y sociales o
definir precisamente el criterio de calidad que debería promover el sistema de
comunicación. El subtítulo cubre no solo la promoción de objetivos positivos sociales y
culturales, sino también la prevención del daño y la ofensa de parte de la comunicación
pública.
El objetivo del bienestar económico ha sido materia de cambiantes definiciones en lo que se
refiere a la comunicación. Existen requerimientos mínimos para la provisión de
infraestructura que permita a la economía nacional funcionar eficientemente en términos de
producción y mercado. Cada vez más, en el marco de una Sociedad de la Información el
sistema de comunicación es parte integral de la economía y constituye un mercado
importante y elaborado en sí mismo. Los valores relevantes además de los generales de
eficiencia, empleo y beneficio, incluyen los de innovación e interconexión.
Política de medios vs. Política de telecomunicaciones
Tradicionalmente, a lo que nos referimos como “políticas de medios” sigue estando
vinculado con los objetivos del bienestar político y en general a todo el lado izquierdo del
modelo que se describe en la figura 1. Se centra básicamente en diarios, televisión, cable y
otros medios importantes de distribución pública. Sus principales preocupaciones son la
libertad, diversidad, calidad del contenido y responsabilidad (accountability) pública. Por el
contrario, los temas del lado derecho del modelo tienen que ver con las políticas de
telecomunicaciones en general. Esto implica prestar más atención a la infraestructura y la
arquitectura, las condiciones del mercado, la regulación del monopolio, etc.
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En lo que refiere a los medios para implementar las políticas ha existido una gradual
convergencia y coincidencia con las mismas tendencias, afectando a cada una de las tres
“ramas” de las metas de interés público. Estas tendencias serán discutidas luego. Sin
embargo, podemos observar que los temas que interesan al lado izquierdo del modelo han
sido tradicionalmente direccionados por las leyes y regulaciones específicas de los medios,
mientras que el bienestar económico ha quedado (y sigue estando) más dentro de la esfera
de los instrumentos de economía general y de la regulación comercial.
Este modelo general del sistema de comunicación social visto de acuerdo a la perspectiva
de quienes definen las políticas (policy makers) es un compuesto artificial de elementos que
no se aplicará correctamente a todos los casos nacionales. Es además anacrónico, al
combinar experiencias nacionales durante un largo período de tiempo en el que la sociedad
y la tecnología de la comunicación han cambiando considerablemente. Con el fin de
generar mayor sentido en la información y las interpretaciones, necesitamos hacer un
bosquejo de las sucesivas fases de definición de políticas, en las que cada una ha dejado sus
marcas en los sistemas de comunicación, y todavía extienden su influencia sobre la forma
en que los desafíos de hoy son manejados. En la siguiente descripción realizaremos una
distinción de un escenario inicial de emergencia de las políticas para los medios y las
comunicaciones que duró aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial, que abrió el
camino para el cambio en muchos aspectos y también coincidió con el surgimiento de la
televisión como el principal medio de masas.
Fase I: Políticas para una industria de comunicación emergente (hasta la Segunda
Guerra Mundial)
La primera fase aborda la transición desde el tiempo de la “no-política” y consiste en una
colección de medidas ad hoc designadas para regular y facilitar la introducción de una serie
de innovaciones, desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente el inicio de la
Segunda Guerra Mundial. Esta etapa está caracterizada por un proceso gradual de
acumulación de medidas, con diferentes intenciones, medios y amplitud (scope). No existió
un objetivo coherente, más allá de proteger o mejorar los intereses del gobierno y la nación,
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y promover el desarrollo del sistema de comunicaciones, ya sea desde el estado o la
inversión de capital privado. Durante la Fase I, se tendieron los lineamientos para las
posteriores políticas y leyes de telégrafo, radio, cine, televisión, transmisión por cable,
discografía y varios medios relacionados. Una característica principal, remarcada desde
entonces, fue la separación de regímenes para diferentes tecnologías, con particular
referencia a los medios de distribución (ver más adelante). Esta separación fue mucho más
un accidente de la historia que un diseño. A pesar de las relaciones conflictivas entre los
Grandes Poderes de aquel momento, existió una considerable cooperación internacional en
relación al correo, el cable, el teléfono y el telégrafo para facilitar el desarrollo de un
sistema global de comunicaciones.
En los comienzos de esta etapa de emergencia de las políticas de comunicación,
especialmente en Estados Unidos, Europa y en los dominios británicos, las funciones
políticas de las comunicaciones fueron fuertemente desapercibidas y desreguladas. La
suposición general era que el término medio de las políticas de comunicación debían ser las
aplicadas a la prensa escrita, para la cual no existían políticas excepto la libertad frente a la
censura y el observar las leyes del país en el que operaba. En la Fase I, las políticas se
refieren principalmente a la emergente tecnología del telégrafo, teléfono y el telégrafo
inalámbrico, aunque el cine fue también rápidamente regulado cuando surgió en el cambio
de siglo.
Telecomunicaciones en Estados Unidos
Existe una clara evidencia de políticas en relación al telégrafo eléctrico y el teléfono. En los
Estados Unidos, el telégrafo se convirtió rápidamente en un monopolio privado, cuyo
propietario fue por mucho tiempo Western Union. El teléfono, cuando llegó, también fue
virtualmente monopolizado, aparte de las operadoras locales, por otra corporación enorme,
AT&T. Cuando Western Union y AT&T se fusionaron en 1913 llegaron a un acuerdo con
el gobierno, aceptando cierta separación de los servicios y la regulación a cambio de un
efectivo monopolio sobre las comunicaciones telefónicas y telegráficas de larga distancia
(Sussman, 1997:77). Aparte de algunos breves intervalos durante la guerra, este modelo de
regulación gubernamental y monopolio privado fue el núcleo de la primera política de
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comunicación en los Estados Unidos. De todas formas, el énfasis estaba en los privados y la
regulación fue incitada más por un sentimiento anti-trust y de apoyo a la competencia que
por una visión de servicio al interés público. Lo que era bueno para el capitalismo era
bueno para América: esto es, la industria privada operando en un ambiente competitivo anti
trust era considerado el mecanismo más importante para servicios de comunicaciones de
alta calidad y preocupados por innovar. Sin embargo, el servicio postal de los Estados
Unidos permaneció en la esfera gubernamental, al menos como recordatorio de estructuras
alternativas.
Acercamiento europeo
Las principales alternativas eran evidentes en Europa. En Gran Bretaña, la ley reservaba
todos los servicios de telégrafo para la Oficina de Correos ya desde 1868, y el mismo
patrón fue seguido en Alemania, Francia, Holanda y Suecia. Fuera de experimentos
menores y desviaciones, casi lo mismo puede ser dicho del teléfono. La política europea fue
constituir monopolios públicos, y en tanto eran servicios de utilidad pública, fueron
efectivamente una rama del gobierno, el teléfono y el telégrafo, junto con los servicios
postales. La comunicación inalámbrica siguió el mismo paso a comienzos del siglo XX.
Aún en países firmemente capitalistas, el monopolio del estado fue observado como la
mejor manera de servir al interés nacional (y por lo tanto del público). El interés nacional
fue definido por el propio Estado. Los medios electrónicos fueron vistos como demasiado
estratégicamente esenciales, desde el punto de vista de la ingeniería y de la infraestructura
para el estado y la industria como para dejarlos en manos de las incertidumbres del libre
mercado. Fueron apenas considerados como bienes y servicios de consumo. Además fueron
generalmente considerados como “no políticos” o fuera del panorama de debate
democrático político, una percepción apoyada en su status de servicio civil.
Presumiblemente, las tradiciones imperiales(istas) de los principales poderes Europeos
contribuyeron a producir y proteger este modelo general de política.
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Características Comunes
No resulta sencillo poder acceder a la historia cercana de la definición de políticas (policy-
making) por americanos y europeos situándonos dentro del mismo marco, ya que desde el
significado de política, en términos de propiedad y de control, ambas parecen muy
divergentes. El modelo Americano condujo a una rápida expansión en el uso popular de los
nuevos medios (new media) de la época (el teléfono en particular). Tanto el modelo de
servicio público (public utility), de los PTT
3
de los Europeos como el modelo capitalista de
los americanos garantizaban un principio de acceso universal, aunque en el caso americano
esto fue más real. Sin embargo, ambos modelos comparten algunas amplias características,
a saber:
- Considerar a los medios de comunicación como ramas de la industria con importancia
estratégica.
- Separar los diversos sectores para aplicar una la regulación específica dependiendo del
medio (regímenes diferentes basados en la tecnología).
- Subordinar la comunicación al imperativo del interés nacional (económico y militar).
Estos rasgos están lógicamente relacionados ya que cada uno de ello trata al campo de la
comunicación como un problema esencialmente técnico que debe ser resuelto más por
técnicos, abogados y funcionarios que por una elección política democrática. Hay muy poca
referencia al contenido de políticas o regulación en materia de comunicación (dejando de
lado el caso de la radiofonía desde 1920 hacia adelante). En la mayor parte de los países,
las comunicaciones se mantienen efectivamente por fuera de la esfera del debate público y
la contienda política e incluso en aquellos países que se habían abocado a la radio en sus
primeros años. Esto refleja una política general de parte de los empresarios y el gobierno de
mantener un control estrecho sobre estas cuestiones de importancia estratégica, y también
da lugar a una carencia de contenido social-cultural en la política para los nuevos medios de
entonces. Esto no significa que no hubiera conciencia respecto del crecimiento de la
3
NdT: “Post, Telephone and Telegraph”: Correo, teléfono y telégrafo. En general en Europa estos servicios
funcionaron en régimen de monopolio público administrados por una misma oficina del Estado, hasta la
desregulación de la telefonía a partir de la década del 80.
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significación social y política de los nuevos medios masivos de comunicación, pero sí
condujo a que el terreno de la política fuese efectivamente despolitizado.
Radio
El caso de la radio proporciona un puente a la segunda fase de la política, tal como se
describirá más adelante. Aunque la radio pública (broadcasting) era percibida inicialmente
como un aparato industrial y comercial, con una regulación designada inicialmente para
establecer orden en el mercado, fijar estándares técnicos y asegurar usos oficiales de las
ondas radioeléctricas, el objetivo de la política pronto cambió. Durante las décadas de1920
y 1930, tuvo lugar mucha legislación y regulación en Estados Unidos (Ej. US Radio Act de
1927 y Communications Acts de 1934) y en Europa (la mayoría estableciendo diferentes
formas de propiedad pública y control gubernamental). Estas medidas gobernaron los
términos de acceso, propósitos y estándares técnicos de funcionamiento de acuerdo a las
primeras nociones del interés público (public interest). Dicho término es utilizado en la
primera legislación norteamericana pero no aparece claramente definido (Napoli, 2001). El
control del contenido era más estricto donde la propiedad pública era elegida por encima de
la explotación comercial de los nuevos medios y al comienzo, la radiodifusión no gozó
completamente de las garantías constitucionales de libertad de prensa.
Características principales de la Fase I
Las características principales de la racionalidad política en la Fase I pueden presentarse
resumidamente mediante la Figura 2. La política de medios está basada en el interés
público (public interest) que es restrictivamente definido como un servicio público (public
service) eficiente, que forma parte del sistema de comunicación, bajo el control o la cercana
supervisión del estado, acompañado por el desarrollo económico y tecnológico de las redes
infraestructura y distribución.
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Meta Final / Interés Público
Metas Intermedias
Figura 2 Fase I (hasta la Segunda Guerra Mundial): el paradigma de la emergencia de la
política de medios y comunicación
Ante ello, el criterio principal para la política de medios es el interés público tal como lo
define el estado y el beneficio financiero de las corporaciones tal como lo definen ellas
mismas. Dichos criterios son juzgados en términos de control y bienestar económico por un
lado, y mediante la competencia y la rentabilidad por el otro. Ellos son generalmente
debatidos en público por los ciudadanos o en grupos de interés.
Divergencia de los “regímenes” de políticas de comunicación
La separación de diferentes campos de los medios en términos de régimen regulatorio en
tres distintivas y principales esferas definidas principalmente por la tecnología, datan de los
últimos años de la Fase I y sigue gran parte del mismo modelo en varios países. Las tres
esferas (siguiendo a Pool, 1983) son las siguientes:
1. La de los medios gráficos, sometidos a la ley y regidos por las garantías de libertad
de discurso y de expresión (ausencia de censura). Este sector está caracterizado por
el voluntarismo y la iniciativa privada, con el gobierno en un rol limitado a
cuestiones marginales. En la primera fase de la política ni la estructura de la prensa
ni su calidad quedaron consideradas dentro de las atribuciones del gobierno.
Servicio Público Eficiente
Sistema Desarrollado
Interés del Estado
Control Económico Bienestarista
Interés de las Corporaciones
Competencia Rentabilidad
Emergencia de la Industria de las Políticas de Comunicaciones
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2. La de los transportadores comunes (common carriers), principalmente la telegrafía
y la telefonía, con una fuerte regulación respecto de la propiedad y la
infraestructura pero no de los contenidos, acompañado por derechos de acceso
público general y privacidad. El servicio público postal proveyó el marco básico.
Eficiencia, buena administración y un claro concepto de ‘servicio público’ eran las
garantías.
3. La de la radiodifusión (broadcasting), al comienzo la radiofonía y más tarde la
televisión, siguieron las mimas líneas. A pesar de las diferencias entre Europa y
Estados Unidos en patrones de propiedad y formas de financiamiento, fueron
emergiendo gradualmente (hacia fines de 1920s) algunas características comunes.
Esto incluía una fuerte regulación del acceso y el contenido, restricción de la
libertad de expresión, de ciertas formas de monopolio u oligopolio, una noción de
servicio público (en términos sociopolíticos) y presión para garantizar un servicio
universal. El posterior desarrollo de este modo de control nos conduce hacia la
segunda fase de la política que hemos identificado.
Como Winseck (1998) ha sostenido la separación de regímenes, aunque parecieran seguir
las líneas de demarcación trazadas por la tecnología, no es necesariamente consecuencia de
la tecnología en si misma. No existe una razón intrínseca para las variaciones en el grado de
libertad o para la estricta asignación de diferentes medios de distribución a diferentes
formas de control. La estructura regulatoria que emergió en el final de la Fase I no fue
planificada con anticipación, aunque existiera cierta lógica precedente (ejemplo, usando el
correo como modelo para el telégrafo y el teléfono). Realmente fue el resultado de la
búsqueda del propio interés, a veces disidente y a veces convergente, de parte de los
intereses de las grandes industrias y el Estado. Por ello, circunstancias accidentales e
históricas parecen haber tenido más peso que una política consciente en la separación de los
tres regímenes.
Fase II: Política de medios de servicio público (1945-1980/90)
La segunda fase de la política de medios se desarrolla desde el final de la Segunda Guerra
Mundial hasta aproximadamente 1980, cuando los nuevos medios se estaban desarrollando
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sobre las bases de la mejora en lo que respecta a distribución e informatización. Este
período estuvo más caracterizado por consideraciones normativas y políticas que
tecnológicas y por la búsqueda de una coherencia y estabilidad nacional. Pese al clima de la
Guerra Fría, el espíritu de la democracia y el deseo de solidaridad internacional tuvieron
capacidad para influenciar la política de medios. Ni las lecciones sobre malos usos de los
medios masivos en sentido propagandístico, ni los peligros del control monopólico de los
medios de prensa fueron olvidadas.
La fase de posguerra (Segunda Guerra Mundial) de políticas de medios estuvo más
dominada por motivos de estrategia sociopolítica que económicos o nacionales. El impulso
hacia un tipo de política de medios más auto-consciente (en comparación con la Fase I)
tiene orígenes diversos, pero en general refleja un espíritu colectivista y una maduración de
las políticas democráticas, que se habían desarrollado sólo luego de la llegada del Siglo XX
en muchos países industrializados. El proceso de maduración incluye una evaluación más
adecuada respecto del significado de los medios masivos para la política y para la vida
social en la “democracia de masas”. La experiencia de comienzos del siglo 20 dejó
lecciones sobre el poder de la propaganda no sólo en las sociedades totalitarias sino
también en sociedades capitalistas dominadas por enormes compañías de “magnates de la
prensa” y sus aliados. En algunos países, notablemente en Gran Bretaña y Estados Unidos,
hacia mediados del siglo, la prensa parecía menos un componente saludable de la vida
democrática que un instrumento del poder político injustamente utilizado contra el trabajo y
la reforma progresiva.
Con respecto a la radiodifusión, el espíritu de la reforma social, alentado por el
‘reconstruccionismo’ de posguerra, enfatizaba los beneficios sociales positivos de la
radiodifusión guiada por objetivos de servicio público, así como también compensando el
injusto equilibrio político de la prensa escrita capitalista. En el continente Europeo, el fin de
la Segunda Guerra Mundial otorgó la posibilidad y en ciertos casos la necesidad de
reconstruir íntegramente el sistema de medios sobre líneas más democráticas luego de la
guerra, la ocupación o la dictadura. Incluso la sagrada prensa gráfica pudo legítimamente
ser conducida dentro del alcance de la política. El espíritu general de época estaba
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favorablemente predispuesto al cambio progresivo y al planeamiento social en todas las
esferas de la vida.
La experiencia de Estados Unidos
El mayor soporte para una política pública de medios fue provisto bajo la influencia de la
Comisión Americana sobre Libertad de Prensa de 1947 (American Commission On
Freedom of the Press - Hutchins, 1947; Blanchard, 1977). Ésta realizó un claro vínculo por
primera vez entre la libertad de prensa y la “responsabilidad social”, en el sentido de la
obligación de proporcionar información y noticias fidedignas y relevantes, así como
también oportunidades para hacer posible que diversas voces puedan ser oídas en la arena
pública. El informe de la Comisión alentaba incluso la mirada que entendía que la
intervención del gobierno podría ser necesitada para asegurar la esencial calidad de las
noticias y la información, debido a la falla de la prensa en esta tarea (Siebert et al., 1956).
No sorpresivamente, los propietarios de los periódicos opusieron la visión que entendía que
la libertad de expresión traía aparejadas obligaciones y rechazaba todas las formas de
intervención. Aún así, el informe reflejó una línea de opinión influyente y tuvo efecto en el
clima de opinión a largo plazo, promoviendo la auto-regulación y el mejoramiento de los
estándares.
En los Estados Unidos las políticas del New Deal, y su extensión de la regulación a muchas
áreas de la vida nacional en apoyo al esfuerzo realizado durante la guerra, facilitaron la
adopción de políticas públicas más estrictas para la radio y, posteriormente, la televisión.
Por ejemplo, el órgano de control de la radiodifusión, la FCC
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, fue habilitado para imponer
nuevos requerimientos de imparcialidad y diversidad (ejemplo, en 1946 con el “Libro
Azul” de la FCC -Blue Book-, ver Krugman and Reid, 1980). La promoción de las virtudes
de la ‘libertad’ en el contexto de la Guerra Fría y la batalla global por los corazones y las
mentes también hicieron que la noción de política democrática y animada en lo público
fuese más compatible con una ideología de libre empresa (Blanchard, 1986).
4
NdT: Federal Communications Commission: Comisión Federal de Comunicaciones

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